En pocos años, el sistema eléctrico chileno cambió más rápido que sus contratos. La licitación SIC 2013/03 se ofertó en un período de costos marginales altos y hoy, indexada, cuesta en promedio 135,6 US$/MWh; el precio de referencia de las licitaciones recientes ronda los 60. Mientras tanto, entre el 3 y el 10 de noviembre el costo marginal en Alto Jahuel promedió 4,7 US$/MWh, y las baterías ya entregan más del 80% de la energía de la punta.
El artículo décimo tercero transitorio de la Ley 21.833 responde a esa brecha. Faculta a la CNE, por una única vez y hasta diciembre de 2027, para desarrollar un mecanismo que reduzca el precio vigente a clientes regulados, modificando precio, plazo y condiciones de los contratos, bajo tres principios: certeza jurídica, voluntariedad y eficiencia económica. Casi todo lo operativo —contra qué se mide la rebaja, cómo se negocia, quién resuelve las controversias— queda para el reglamento.
La tarifa ya va a bajar
Conviene partir por un hecho que se pierde en la discusión. El precio medio de la energía regulada caerá de unos 95 US$/MWh en 2027 a unos 60 en 2034, solo porque vencen los contratos caros y esa energía vuelve a licitarse. Renegociar no cambia ese destino: lo adelanta. La pregunta es cuánto cuesta adelantarlo, y quién lo paga.
El plazo es un préstamo
Pensemos en cómo se cierra un acuerdo voluntario. El contrato vigente es el punto de desacuerdo: ninguna de las partes acepta quedar peor que con él. Si el generador rebaja su precio hoy y recibe a cambio más años de contrato, la prima del tramo extendido tiene que devolverle esa rebaja. A su tasa de descuento, el acuerdo es suma cero: no se crea valor, se trasladan pagos hacia adelante.
Dicho de otro modo, bajar la cuenta hoy a cambio de extender el plazo es pedirles prestado a los consumidores futuros. La extensión sirve para que la tarifa no rebote cuando el contrato llega a su vencimiento original, pero por sí sola no agrega nada.
La tasa decide quién gana
Si el acuerdo es suma cero a la tasa del generador, que el cliente gane o pierda depende de la tasa con que se lo evalúe. En los 20 contratos de la 2013/03, con el generador descontando al 10% real, el resultado es nítido. A la tasa social de 5,5%, el cliente pierde en todas las combinaciones de precio y extensión simuladas: entre 446 y 1.249 millones de dólares en valor presente. Al 10% el resultado es cero, por construcción. Solo un cliente que descuenta al 15% sale ganando.
El excedente está en los riesgos
¿Dónde hay valor, entonces? En los riesgos que los contratos antiguos asignaron mal y que las bases de licitación ya corrigieron. La 2013/03 vende un precio único de 24 horas, admite seis indexadores, lleva los costos sistémicos dentro del precio y se ofertó en una sola barra. Las bases recientes traspasan esos costos al cliente, zonifican la oferta y limitan los indexadores a gas y CPI. Cada uno de esos cambios es una contrapartida posible: reasignar los costos sistémicos (unos 9 US$/MWh), zonificar frente a desacoples de unos 35, cambiar la fórmula de indexación, fijar un piso de facturación o pasar a precios por bloque horario. Ninguna es gratis, porque cada una traslada un riesgo y crea otro; pero, a diferencia del plazo, pueden mejorar a ambas partes.
Lo que el reglamento debe resolver
En nuestra opinión, el reglamento tiene que volver verificables los tres principios de la ley. Primero, una voluntariedad creíble: no participar no puede traer consecuencias en licitaciones futuras ni ante la CNE. Segundo, un test de eficiencia: cada acuerdo se aprueba solo si mejora a los clientes en valor presente, con el contrafactual y la tasa fijados antes de convocar. Finalmente, certeza: reglas completas publicadas antes de abrir el proceso, un menú común de contrapartidas adjudicado por beneficio en valor presente y un informe técnico público de la CNE por cada acuerdo.
El calendario aprieta. El reglamento sale el mismo mes en que se adjudica la 2026/01, y la señal que entregue se colará en esas ofertas: reabrir contratos puede subir la prima de riesgo de las licitaciones que vienen. Por ello la pregunta de fondo no es si se puede rebajar la cuenta, sino qué rebaja justifica hacerlo. Una rebaja real requiere traspasar riesgos; el plazo, por sí solo, no crea valor.